El Fin de la Moratoria Antidesahucios: consecuencias para inquilinos y propietarios
La moratoria antidesahucios, una medida que surgió durante la pandemia para proteger a hogares vulnerables frente a procedimientos de desahucio por impago de alquiler, ha llegado a su fin a principios de 2026. Esta protección permitía suspender temporalmente los lanzamientos cuando no existía alternativa habitacional para los afectados, dando tiempo a los servicios sociales para intervenir y ofreciéndoles un respiro en momentos de dificultad económica extrema.
Sin embargo, el Real Decreto-ley aprobado en diciembre de 2025, que pretendía prorrogarla hasta finales de 2026, finalmente no ha sido convalidado por el Congreso, lo que ha dejado sin efecto esa extensión.Como consecuencia, los juzgados podrán reactivar miles de procedimientos que estaban paralizados, estimándose unos 60.000 casos en toda España.
Para muchas familias en situación de vulnerabilidad real, esto genera incertidumbre, ya que pierden un mecanismo que les permitía ganar tiempo mientras se encontraban una solución, como realojos o ayudas públicas. No obstante, los jueces seguirán evaluando cada caso individualmente, teniendo en cuenta factores como la presencia de menores o personas dependientes en la vivienda, y los informes de servicios sociales aún pueden influir para aplazar lanzamientos en situaciones graves.
Por otro lado, el fin de esta medida también trae alivio para numerosos propietarios, especialmente los pequeños arrendadores que han sufrido prolongados impagos durante años. La moratoria, aunque diseñada para casos de verdadera necesidad, ha sido objeto de críticas porque en no pocos casos se ha utilizado de manera indebida por inquilinos que no cumplían estrictamente los criterios de vulnerabilidad, lo que ha generado perjuicios económicos significativos a los dueños de las viviendas. Estos propietarios ahora podrán recuperar el control de sus inmuebles más rápidamente y, además, tienen hasta el 2 de febrero de 2026 para solicitar compensaciones por las rentas no percibidas durante el periodo de suspensión.
En un contexto donde el mercado del alquiler sigue tensionado, esta situación afecta a ambas partes. Para los inquilinos, sigue siendo clave actuar pronto: negociar acuerdos con el propietario, acudir a servicios sociales o explorar opciones como la Ley de Segunda Oportunidad para reestructurar deudas. Para los propietarios, el camino pasa por reactivar los procedimientos legales y reclamar las cantidades adeudadas o las compensaciones que les corresponden.
En Gómez Barriada Abogados conocemos bien los conflictos que surgen en materia de vivienda, tanto desde la perspectiva de los inquilinos como de los propietarios. Nuestro equipo puede orientarte de forma objetiva sobre las opciones legales en cada caso, ayudando a encontrar soluciones equilibradas. Si estás afectado por esta cambio normativo, sea cual sea tu situación, contacta con nosotros para un asesoramiento personalizado.
